Seis oferentes compiten por comprar los activos de Sancor, la cooperativa que recientemente pidió su propia quiebra tras arrastrar una deuda de USD 120 millones y años de crisis financiera y productiva. La mayoría de los interesados son empresas lácteas que ya habían tomado contacto con Sancor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. “La propuesta es que el que compra, compra todo”, comentaron.
Tras la quiebra de la empresa, decretada por la Justicia santafesina durante los últimos días de abril, se realizó en la Casa Central de Sunchales la primera reunión oficial entre los responsables del proceso y los potenciales compradores. En ese encuentro, las autoridades judiciales y la administración de la empresa presentaron el estado de situación y los lineamientos para la futura venta de las unidades productivas y los activos de Sancor, con el objetivo de avanzar en una solución que contemple tanto el interés de los acreedores como el impacto social de la medida.
Los oferentes mencionados por el gremio Atilra son Savencia, dueña de la marca Milkaut, Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas, Punta del Agua, Elcor -La Tonadita-, La Tarantela y el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y medios en Rosario, Salta, Tucumán, Bahía Blanca y parte del Grupo América. Según el mismo comunicado, hubo representantes de las cinco firmas en la reunión y Scaglione estuvo ausente con aviso, aunque adelantó la posibilidad de presentar una propuesta integral con respaldo de socios del exterior.
La supervisión del encuentro quedó a cargo del juez Marcelo Gelcich, titular del juzgado, junto con la sindicatura a cargo del doctor Pacheco Huber y la coadministradora doctora Lucila Prono. El objetivo de esa instancia fue exponer ante los interesados el estado de situación de la empresa y el marco normativo bajo el cual se realizará la venta de las unidades productivas y los restantes activos.
El juez Gelcich definió el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, ante la imposibilidad de pago. En la sentencia, el magistrado sostuvo: “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada”.
El documento judicial consignó una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914,68 de capital, además de $12.788.850.187,16 en salarios netos adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026. A eso se suman aportes a obras sociales, ART y sindicatos por $3.380.071.061,39, según la sentencia.
La quiebra permitió que la empresa siguiera operando porque el cese total de actividades “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”, según el fallo judicial.
La sentencia también indicó que las seis plantas industriales operan muy por debajo de su capacidad instalada. Según el juez, la planta de Sunchales, que tiene la mayor capacidad de procesamiento, es la más ociosa y su actividad quedó afectada por la estacionalidad y la pérdida de contratos de fasón.
La planta de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025, de acuerdo con la resolución judicial. Las demás unidades funcionan por debajo del umbral de rentabilidad, con la excepción de Devoto y La Carlota, que se acercan a su capacidad operativa pero siguen siendo deficitarias por la estructura de costos laborales y fiscales de toda la empresa.
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