Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirtió la resolución.

Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”

La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país. Como hasta ahora tendrán que comunicar al juzgado cada viaje con información detallada para ser autorizados.

En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de quedar confirmada podría iniciar el camino para el envío a juicio oral.